Balas perdidas, ciudadanos perdidos

Diferentes opiniones ha generado la discusión acerca de la restricción del porte de armas en varias regiones del país, en particular en lo que se refiere al departamento de Antioquia y las ciudades de Medellín y Bogotá. Muchos ciudadanos consideran que la restricción de porte atenta contra el derecho de defensa que tienen las personas de bien frente al actuar de los delincuentes, más aún cuando es evidente la desconfianza que existe respecto al actuar de la Policía, pues el comportamiento de sus miembros dista de generar tranquilidad y seguridad.

Así mismo, es evidente que, como lo han señalado las mismas autoridades departamentales y municipales, los hechos delectivos y los incidentes donde, lamentablemente, las víctimas son niños y adultos inocentes, no se producen con armas amparadas sino con arams conseguidas en el mercado negro, hechizas y en todo caso ilegales.

Visto de este modo, la restricción del porte de armas a los ciudadanos de bien es como vender el sofá por la infidelidad de la esposa, pues no son éstos quienes cometen los delitos, más aún cuando en la ciudad se ha tenido noticia de asesinatos provocados con fusiles y armas con silenciador, las cuales evidentemente no son las que lleve cualquier persona, pues los fusiles sólo están en manos de la fuerza pública y los delincuentes (un ciudanano normal no obtiene permiso para este tipo de armas) y el uso de silenciadores está penalizado por la ley (un ciudadano normal no requiere silenciadores pues justamente es el ruido de la explosión del cartucho lo que ayuda a amedrentar al bandido).

Ahora bien, si en forma paralela a la decisión de la restricción del porte de armas se tiene pensada una estrategia de intervención de la fuerza pública para desarrollar operativos tendientes a allanar lugares donde se presume la presencia de éstas, su confiscación y la judicialización de los tenedores, esto tendría mayor sentido. No obstante no se ha escuchado que la medida vaya más allá y esté acompañada de una intervención integral.

En este sentido señalo algunas cosas que se me ocurren:

• ¿Por qué no se hace un "empadronamiento" de las armas y se toman muestras de los proyectiles para crear una gran base de datos en la Fiscalía, que permitan la pronta identificación del arma cuando se producen lesiones por las mal llamadas "balas perdidas"?
• ¿Qué formación, capacitación y evaluación de las condiciones físicas y mentales de los legales portadores de armas se hace con regularidad para tener un mayor control de ellos y garantizar una actitud más responsable frente a su tenencia, porte y uso?
• ¿Qué medidas hay para controlar la corrupción de miembros de policía y de militares que proveen munición para estas armas? Los cartuchos no se consiguen en almacenes de cadena.
• ¿Qué está pasando con la acción de inteligencia que debería proveer información para la prevención del delito y no, como ocurre actualmente, para capturar -si lo logran- a quien ya ha cometido el delito y ha causado lesiones o la muerte de ciudadanos inocentes? 

Finalmente, comparto la inquietud acerca de si este tipo de medidas no terminan haciéndole el juego a los terroristas que en una acción lenta pero permanente y con la complicidad de algunas autoridades y organizaciones disfrazadas de ONG's, buscan limitar cada vez más al ciudadano de bien con el fin de ponerlo a merced del bandido, bajo la trillada consigna de la defensa de los Derechos Humanos, cuando justamente su actuar apunta a la limitación cada vez mayor del derecho a la vida.